[01] Exponer
En Brasil, la desigualdad urbana está profundamente vinculada a la concentración de la propiedad del suelo y al uso especulativo de la tierra. Amplias extensiones de suelo urbano permanecen vacías o subutilizadas, a menudo en áreas bien localizadas y dotadas de infraestructura, mientras millones de familias enfrentan déficit habitacional, alquileres excesivos y condiciones precarias de vivienda. Esta paradoja contrasta con el principio constitucional según el cual la propiedad debe cumplir una función social, orientándose por el interés colectivo.
En Belo Horizonte, la región de Izidora ejemplifica esta contradicción. Durante décadas, el área – de propiedad privada – permaneció ociosa, sin ningún uso social relevante, al mismo tiempo que se profundizaba la exclusión habitacional en la ciudad. En 2013, ante la imposibilidad de acceder a vivienda formal, miles de familias ocuparon el territorio, dando origen a las subocupaciones Rosa Leão, Esperança, Vitória y, posteriormente, Helena Greco. Hoy, Izidora es reconocida como la mayor ocupación urbana de América Latina, albergando a decenas de miles de personas.
A pesar de que Brasil cuenta con uno de los marcos legales urbanos más avanzados de la región – la Constitución de 1988 y el Estatuto de la Ciudad – la aplicación efectiva de la función social de la propiedad ha sido limitada. En la práctica, los instrumentos capaces de combatir la retención especulativa del suelo urbano han sido históricamente poco utilizados, haciendo de los conflictos fundiarios una vía recurrente de acceso a la ciudad.
[02] Proponer
La Ocupación Izidora no se constituyó únicamente como una respuesta de emergencia a la falta de vivienda, sino como una alternativa concreta de producción urbana. Las familias autoconstruyeron sus casas, organizaron redes de solidaridad, crearon espacios colectivos, iniciativas culturales y formas propias de gobernanza territorial. La ocupación comenzó así a cumplir, de hecho, una función social, ofreciendo vivienda, vida comunitaria y un uso productivo a un suelo antes improductivo.
Desde el inicio, los habitantes y los movimientos sociales que los apoyan reivindicaron no solo la permanencia en el territorio, sino también su regularización fundiaria como asentamiento de interés social, movilizando instrumentos previstos en la legislación urbana brasileña. Tras años de disputas judiciales, intentos de desalojo y procesos de negociación, acuerdos institucionales permitieron avanzar en la regularización, reconociendo la legitimidad de la presencia de las familias.
Este reconocimiento alcanzó un nuevo nivel recientemente, cuando áreas de Izidora fueron seleccionadas para programas federales de urbanización. En 2024, el gobierno federal anunció inversiones significativas (250 millones de reales) destinadas a la urbanización, la infraestructura y la mejora de las condiciones habitacionales en las ocupaciones de la región, incluyendo saneamiento, vialidad, equipamientos públicos y mejoras habitacionales. Esta selección representa un reconocimiento explícito de que el territorio debe ser integrado a la ciudad formal, y no eliminado.
[03] Politizar
La experiencia de Izidora transformó la función social de la propiedad en una cuestión pública y política central. Al ocupar, resistir y permanecer, las familias pusieron en evidencia el conflicto entre el derecho formal a la propiedad privada y el derecho colectivo a la vivienda y a la ciudad. La lucha demostró que la función social no se realiza automáticamente por mandato legal, sino que depende de la acción colectiva organizada y de la disputa política para su implementación efectiva.
La incorporación de Izidora a los programas federales de urbanización marca una inflexión importante: el Estado comienza a reconocer, aunque tardíamente, que estos territorios populares son parte legítima de la ciudad y merecen inversión pública. Al mismo tiempo, el caso evidencia que dicho reconocimiento es resultado directo de más de una década de movilización social, y no de una aplicación espontánea de la legislación.
Así, Izidora afirma la función social de la propiedad como una práctica viva: una construcción cotidiana que articula vivienda, permanencia, uso social del suelo y justicia urbana, redefiniendo quién tiene derecho a producir y habitar la ciudad en Brasil.
