[01] Exponer
Durante décadas, la falta de información oficial sobre las condiciones de vida en los asentamientos y barrios populares obstaculizó la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el acceso a un hábitat digno. El RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), una política impulsada por los movimientos sociales, fue una respuesta crucial a esta problemática, ya que permitió visibilizar las condiciones de precariedad y exclusión en las que viven millones de argentinas y argentinos.
En 2018 se aprobó por unanimidad la Ley 27.453, denominada “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana“. Este hito en la historia nacional permitió construir una hoja de ruta indispensable: garantizar un estatus legal de ocupación para los barrios populares relevados, aprobar una ley nacional para la expropiación de esas tierras con el fin de regularizar la situación y, en paralelo, realizar obras de integración urbana para garantizar el acceso a servicios básicos. Todo esto con un fuerte componente de participación de los vecinos, obligado por ley, para garantizar el consenso del barrio en las obras elegidas.
En la ciudad de Rosario esto significó identificar y georeferenciar 112 barrios populares, de los cuales el 85% no tiene acceso a agua potable en los hogares y una gran mayoría carece de conexión a servicios básicos como cloacas y electricidad. Estas estadísticas son la base para exponer las profundas desigualdades que existen en la ciudad y que han sido naturalizadas durante años, dejando a amplias poblaciones al margen del desarrollo urbano y social. El barrio de Nuevo Alberdi no era la excepción dentro de estas estadísticas.
[02] Proponer
Para Ciudad Futura, este consenso nacional representó la creación de una serie de instrumentos claves para resolver un conflicto que ya llevaba más de 15 años en Nuevo Alberdi: la suspensión por 10 años de los desalojos y la emisión de un certificado de vivienda, elementos que permiten proteger a las familias y dar inicio al proceso de urbanización, que comenzó 2020.
El proceso se guió por los principios de cercanía y co-creación, involucrando a las familias en la toma de decisiones sobre las obras y garantizando que las necesidades del barrio fueran el centro de la planificación. Este enfoque participativo se materializó a través de múltiples herramientas y dinámicas, pensadas para generar instancias de intercambio de conocimientos situados y facilitar, de forma pedagógica y lúdica, la problematización del territorio. Estas dinámicas incluyeron censos populares, mapeos familiares, talleres sobre la historia del barrio y acciones de urbanismo táctico. Este enfoque facilitó que los vecinos pudieran expresar sus percepciones del territorio y participar activamente en el diseño de su entorno urbano.
[03] Politizar
Uno de los mayores desafíos de la urbanización fue la búsqueda de alianzas estratégicas entre el Estado, organizaciones sociales y empresas para superar los obstáculos en la implementación de la Ley Nacional. Inspirados por el proceso de Nuevo Alberdi, Ciudad Futura, a través de su bloque legislativo, impulsó la creación de una comisión aceleradora para la urbanización de los barrios populares en el Concejo Municipal de Rosario. Aunque desde la aprobación de la Ley 27.453 se iniciaron acciones para urbanizar algunos barrios de Rosario, muchos procesos encontraron dificultades para avanzar.
Ciudad Futura, tomando la experiencia de Nuevo Alberdi, propuso una nueva forma de gestión, buscando superar las mezquindades políticas de los distintos niveles de gobierno, romper el aislamiento de las diferentes áreas del Estado, activar las capacidades instaladas y conformar nuevas alianzas entre el sector público y privado, con el objetivo establecer la integración urbana de los 112 barrios de la ciudad. La propuesta se ideó como una gran causa que pudiera unir a los diversos sectores implicados, más allá de las diferencias. Esta iniciativa institucional buscó garantizar que los barrios populares fueran una prioridad en la agenda política de la ciudad, destinando de forma obligatoria el 25% del tiempo de trabajo de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo al tratamiento exclusivo de temas relacionados con los barrios populares.
